En un mercado cada vez más competitivo, la publicidad se ha convertido en una herramienta fundamental para las empresas. Sin embargo, la línea entre una promoción creativa y un anuncio engañoso puede ser delgada, con consecuencias legales y económicas significativas. La firma de abogados Olivera Méndez y Asociados, especializada en derecho mercantil y del consumidor, ha explicado recientemente el marco legal que sanciona la publicidad engañosa y ofrece claves para que las empresas operen con transparencia.
Según la explicación de los expertos, la publicidad engañosa es aquella que, de cualquier forma, incluida su presentación, induce o puede inducir a error a los consumidores, afectando su comportamiento económico. Esto incluye afirmaciones falsas sobre las características de un producto, su precio, los servicios posventa o incluso la omisión de información esencial. “No se trata solo de mentiras descaradas; una omisión crucial o una presentación ambigua que confunda al público ya puede constituir una infracción”, señaló la socia Carla Méndez.
Las sanciones por este tipo de prácticas, detalló el bufete, son impuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en México y pueden ser severas. Incluyen multas que pueden ascender a millones de pesos, órdenes para rectificar la publicidad a través de los mismos medios y con igual alcance, e incluso la imposición de medidas correctivas como la suspensión de la campaña. En casos graves y reincidentes, puede llegarse a la publicación de sentencias condenatorias en medios de comunicación, un golpe significativo a la reputación de la marca.
Olivera Méndez y Asociados subraya que la normativa, principalmente la Ley Federal de Protección al Consumidor, no solo protege al público, sino que también busca garantizar una competencia leal entre empresas. “Una empresa que gana clientes mediante información falsa perjudica a sus competidores que actúan con honestidad”, explicó el socio Rafael Olivera.
Para evitar caer en estas faltas, el bufete recomienda a las empresas implementar protocolos de verificación interna. Toda afirmación publicitaria, especialmente las relacionadas con resultados, beneficios para la salud, comparaciones con competidores y ofertas de precio, debe ser sustentable con evidencia objetiva y verificable. Asimismo, es crucial que los términos de las promociones, como “hasta un 50% de descuento” o “la oferta más baja”, reflejen fielmente la realidad y sean fácilmente comprensibles para el consumidor promedio.
En conclusión, la transparencia no es solo un imperativo ético, sino una estrategia legal y comercial inteligente. Olivera Méndez y Asociados insta a las empresas a ver la regulación sobre publicidad engañosa no como una traba, sino como un marco que, al fomentar la confianza del consumidor, construye mercados más sólidos y sostenibles para todos. La prevención, mediante el asesoramiento legal especializado, es la mejor defensa contra costosas sanciones y un daño reputacional difícil de reparar.
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